La Hidrovía Amazónica se adjudicó al consorcio peruano-chino Consorcio Hidrovías II, tras un proceso de licitación en el que 3 empresas pujaron por la buena pro del proyecto. Además de la ganadora, concursaron China Construction Communications Company y la belga Jan de Nul.
Consorcio Hidrovías II presentó la menor propuesta económica: US$ 24.4 millones como pago por avance obras (conforme se cumplen hitos, se realizan desembolsos) y US$ 17.8 millones como pago por mantenimiento, una vez que la obra esté concluida.
La firma tendrá la concesión de la obra por 20 años, con una inversión inicial de US$ 95 millones, indicó Fernando Zavala, ministro de Economía y primer ministro.
El consorcio ganador está conformado por la empresa china Sinohydro, la primera en construcción de hidroeléctricas en China, responsable del 65% de las centrales hidroeléctricas medianas y grandes de dicho país. También la integra la firma peruana Construcción y Administración (CASA), una de las diez constructoras más grandes del país, con operaciones en Honduras y Bolivia; participa en las concesiones Covisur, Red Vial 6, Autopista del Sol y el puerto de Yurimaguas.
El objetivo de la obra, que demandará una inversión de US$ 95 millones, es mejorar las condiciones de navegabilidad en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, desarrollar el transporte de carga y pasajeros, e impulsar el comercio regional, nacional e internacional. Además, contará con sistemas informáticos para brindar información actualizada de la navegabilidad de los ríos.
INTENTOS FRUSTRADOS
Adjudicar la Hidrovía Amazónica ha tomado prácticamente cuatro años, entre idas y venidas del gobierno del expresidente Ollanta Humala. El primer intento de adjudicación estaba programado para mayo del 2014. Pero esa fecha se reprogramó dos veces: una primera vez para el 30 de enero del 2015 y una segunda vez para el 6 de febrero de ese año.
Pero el 6 de febrero, ProInversión decidió dejar sin efecto el concurso sin explicar por qué, pues las bases del concurso así lo permitían. Sin embargo, los motivos eran casi evidentes: había un sólo postor —de ocho que inicialmente quedaron calificados— y existía el riesgo de un conflicto social por no haberse realizado la consulta previa, un proceso que fue ordenado por el Poder Judicial en octubre del 2014.
Así, se inició la consulta previa, que culminó en septiembre del 2015. Las principales observaciones de las comunidades consultadas se relacionaban al proceso de dragado, que ampliaría la profundidad de los ríos.
La preocupación fue subsanada al modificar los términos de referencia del proyecto, a fin de que las zonas de los dragados no afectasen las condiciones fluviales de los ríos. Para ello, el material extraído del dragado se reubicará en otras zonas profundas del propio cauce, donde no se ponga en peligro la fauna o flora amazónica.
El proyecto fue relanzado en diciembre del 2015. Pero su promoción no se retomó sino hasta inicios del 2016, cuando funcionarios de ProInversión viajaron a España, Bélgica y Países Bajos para presentar el proyecto a inversionistas de dichos países
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