La importancia del Análisis de Calidad Regulatoria dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1310 es grande, en la medida que distintas entidades emiten una serie de dispositivos legales que crean o modifican obligaciones para los administrados, las cuales acarrean sanciones, que muchas veces no tienen justificación o buscan eliminar un problema en el corto plazo sin prever que en el largo plazo la solución puede ser perjudicial no solo para los proveedores de servicios sino también para los consumidores o usuarios. Ahora, publicado el Reglamento, muchas normas emitidas por todos los estamentos de la administración pública podrán ser revisadas por la denominada Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria
En efecto, las normas que se han venido publicando desde diversas entidades no han tenido un
análisis de razonabilidad de las medidas a imponerse, en términos de:
(i) análisis costo-beneficio, esto es que se elija la alternativa cuyo beneficio neto sea mayor para la sociedad;
(ii) análisis costo efectividad, que se elija la alternativa cuyos costos sean menores; y,
(iii) análisis de racionalidad, necesidad y proporcionalidad, que se elija la alternativa con el mínimo nivel de intervención para la finalidad deseada.
En algunos casos, las entidades han esbozado aparentes análisis de calidad que no han sido claros o
completos y que han llevado a la adopción de medidas que finalmente no han cumplido con su objetivo e incluso han sido contraproducentes.
De igual manera, ninguna de la abundante normativa que las entidades administrativas han venido
emitiendo ha pasado un filtro que determine si transcurrido un tiempo razonable, éstas continúan
siendo necesarias, si resultaron eficaces para cumplir con sus objetivos, o si siguen siendo útiles
considerando el desarrollo de la tecnología, por ejemplo.
Desde esa perspectiva, el Reglamento asegura (exceptuando la vía de la eliminación de las barreras
burocráticas que depende de las denuncias de parte y de oficio, estas últimas planteadas por el
INDECOPI) una única vía para el establecimiento de una política estatal de revisión de la efectividad
y razonabilidad de su propia normativa.
El Reglamento ha sido emitido circunscribiendo la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria únicamente a la normativa que a través de sus disposiciones establece procedimientos administrativos de iniciativa de parte, entendidos éstos como las vías con las que cuentan las personasnaturales o jurídicas para obtener una respuesta de la administración a un determinado pedido.
Sin embargo, el impacto del Reglamento resulta limitado, ya que deja fuera de su ámbito de aplicación a la ingente normatividad que los Ministerios, sus entidades adscritas y los Organismos Reguladores producen diariamente, por lo que en realidad este no será un mecanismo pleno de solución para esta problemática.
Si bien la labor de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, creada por el Decreto Legislativo N° 1310, será colosal, considerando la gran cantidad de procedimientos administrativos que existe por cada entidad de la administración pública, la experiencia de la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria en estos procedimientos será fundamental.
De tener éxito esta medida, es decir, de percibirse un verdadero cambio en los procedimientos a los
que las personas se enfrentan día a día, como consecuencia de la eliminación o simplificación de los
procedimientos administrativos a nivel nacional, se comprobaría que el mencionado análisis es la clave para buscar la eficiencia y eficacia en los procesos del Estado, inclusive para la emisión de normativa.
A continuación, como próximo paso, se debiera buscar que el Poder Ejecutivo y el Congreso tomen las medidas necesarias para que el Análisis de Calidad Regulatoria se aplique no solo a procedimientos administrativos, sino también a toda aquella norma que establezca límites, cargas o prohibiciones a los administrados. Si se logra avanzar en este sentido, el país atraerá más inversiones
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